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  • María José Rodríguez Cruz

Violencia sexual: la otra pandemia silenciosa que provoca consecuencias de por vida



  • Los datos estadísticos demuestran que la violencia sexual es una pandemia de la cual Costa Rica no se escapa.

A finales del 2019 el mundo entero empezó a escuchar sobre las tragedias que estaba provocando una nueva enfermedad de la que poco se conocía que luego evolucionó hasta considerarse una pandemia. Teniendo en cuenta que pandemia significa la propagación de una enfermedad por un área territorial extensa, que por lo general trasciende fronteras, podríamos considerar que la violencia sexual es actualmente una de las pandemias invisibles y lamentablemente silenciosas que más víctimas ha cobrado a lo largo de la historia.


Según la definición de UNICEF, la violencia sexual es toda aquella “acción de someter a una persona a la voluntad de un agresor, aprovechándose de la impotencia y desvalimiento de las víctimas, con la intención de dañarla, causarle dolor y sufrimientos (físicos o mentales), despersonalizarla y dominarla sometiéndola a actos sexuales sin su autorización ni consentimiento”, esta definición nos da un marco general para entender que a pesar de lo que se consigna en cada legislación, toda manifestación de violencia sexual tiene que ver con el ejercicio de transgredir la voluntad de otra persona en el ámbito personal e íntimo de cada ser humano victimizado, que aún ante su oposición y resistencia, ve violentado su espacio físico, mental y emocional con secuelas que cargará consigo para siempre.


Datos estadísticos


En enero 2022, World Population Review (WPR), publicó estadísticas sobre violaciones a nivel mundial. A pesar de la dificultad que plantea hacer esta estimación y a sabiendas de que muchas víctimas de este delito no se atreven a interponer una denuncia formal, se lograron establecer algunos parámetros que permiten la comparabilidad respecto a la situación que cada país afronta en materia de violencia sexual.


Existen diferentes consideraciones para tipificar una violación sexual dependiendo del país donde sucedan los hechos, algunas legislaciones consideran que no son violación aquellos actos que ocurran dentro de una relación matrimonial, otros asumen como hechos no denunciables las relaciones sexuales que se dan de manera “consensuada” entre una persona adulta y otra menor de edad, y en otros lugares no se considera violación aquellos actos sexuales forzados que ocurren entre personas del mismo sexo, por lo que diferencias como estas hacen que, establecer los parámetros de comparación a nivel internacional se vuelvan más complejos.


Independientemente de la definición que cada país utiliza para delimitar el delito, se tiene por cierto y como dato probado, que las violaciones sexuales son un problema presente en todos los continentes de este planeta, su gravedad e implicaciones hacen que las manifestaciones en su contra sean cada vez mayores, sin embargo, el problema es persistente y aún faltan esfuerzos para que se erradique.



Ilustración 1. Estadísticas de violación por país, 2021 /

Fuente: World Population Review, enero 2022.


En Costa Rica, según se estipula en el Código Penal, comete violación quien:

“…se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona de uno u otro sexo, en los siguientes casos:

1) Cuando la víctima sea menor de trece años.

2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentre en incapacidad de resistir.

3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima uno o varios dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal, o en obligarla a que se los introduzca ella misma.”

A partir de esta definición se consideran algunos otros factores que pueden calificar o agravar el hecho, dependiendo por ejemplo de la relación de parentesco entre víctima y victimario, el embarazo de la víctima como resultado del acto sexual forzado, así como la cantidad de autores que participen en la comisión del hecho.

De la información generada en el 2021, World Population Review creó un ranking a nivel internacional en el que lamentablemente Costa Rica ocupó uno de los 10 primeros lugares en cuanto violaciones sexuales, siendo el primero en el continente americano y superado por países como Botsuana, Australia y Lesoto, cuyas tasas por 100.000 habitantes superan el 80 en casos de violación sexual.


Estudios del OIJ demuestran realidad costarricense


En Costa Rica, personal de la Unidad de Asesoría Operativa e Investigación Psicosocial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha dedicado más de una década a estudiar el comportamiento de los ofensores sexuales que han descontado pena de cárcel por el delito de violación, así como las características sociodemográficas de las víctimas y algunas particularidades de los hechos violentos, esto a partir del análisis de los datos que se consignan en el sistema penitenciario y que resultan de interés para generalizar particularidades de la realidad nacional en torno al tema. Los datos que se presentan a continuación tienen como base este antecedente.


Según datos del 2013 al 2021, este fenómeno violento sigue siendo cometido predominantemente por hombres adultos, pues del total de violaciones sexuales que han llegado a estrados judiciales en el periodo analizado, el 99,7% ocurren a manos de un hombre y el 55,7% de ellos se ubica en el rango etáreo de los 18 a los 35 años (adultos jóvenes); sin embargo, es necesario hacer énfasis en que también ocurren hechos perpetrados por menores de edad y adultos mayores, pero en una proporción mucho menor.

La nacionalidad es otra variable importante de resaltar, pues a pesar de los estigmas que pueda haber en torno a los extranjeros residentes en nuestro país relacionados con este tipo de delitos tan atroces y reprochables, los datos son contundentes y muestran que el delito es cometido predominantemente costarricense (86,0%).


El estado conyugal indica que la mayoría de las personas que han cometido violaciones sexuales en el periodo analizado, estaban solteros al momento de cometer los hechos (43,3%), en segundo lugar, se ubicaron las personas casadas (26,0%) y en tercero los que se encuentran en unión libre, que representan un 20,8%; lo cual indica que aproximadamente la mitad de las personas ofensoras sexuales tenían una relación de pareja al momento de cometer los hechos.


Estos datos refuerzan lo que los psicólogos han explicado en reiteradas ocasiones respecto a la motivación de un ofensor sexual, ya que se tiene conocimiento científico de que dicha motivación no en todos los casos está directamente relacionada con el deseo sexual sano, sino más bien con el deseo de ejercer dominio, poder y humillación sobre la otra persona.

Otra variable analizada es el nivel educativo de las personas ofensoras sexuales, del cual se desprende que en términos generales puede considerarse bajo, ya que la mayoría de quienes han descontado sentencia por este tipo de delitos, tenían algún grado de primaria aprobado y únicamente el 3,7% había cursado al menos un año de universidad.


El nivel de escolaridad es una variable que puede relacionarse con la ocupación de las personas, lo cual en este caso es coincidente, pues como se mostró anteriormente, las personas ofensoras sexuales tienen en su mayoría un nivel educativo bajo, por tanto, la ocupación que ostentan no requiere de altos niveles educativos. Aproximadamente la tercera parte de las personas ofensoras sexuales realizan un oficio relacionado con el sector agropecuario (32,0%), la construcción (14,3%), o el comercio (7,6%); en estas tres grandes categorías se agrupa el 51,8%; sin embargo se tienen registros que muestran otro tipo de ocupaciones como el transporte público de personas, la seguridad privada, operarios, misceláneos e incluso personas desempleadas, entre una gran variedad de ocupaciones registradas al momento en que se llevaron a cabo los hechos violentos, donde también se encuentran profesionales, incluso universitarios.



Las víctimas



Los casos de agresiones sexuales que tuvieron repercusiones a nivel internacional, especialmente el de mujeres turistas extranjeras, han empañado la imagen de Costa Rica como destino turístico, pues los ataques sexuales y en algunos casos las muertes de estas mujeres extranjeras en territorio costarricense trascendieron fronteras y evidenciaron que nuestro país no escapa a esta situación pandémica silenciosa. Según los datos analizados, de estos hechos lamentables únicamente el 13% de las víctimas indica no haber conocido a su agresor de previo, evidenciando que el fenómeno de las violaciones sexuales en este país es un tema predominantemente interno.


En este punto se considera que debería ser prioritario que las familias costarricenses y las autoridades en materia de seguridad, niñez y adolescencia, así como aquellas instituciones encargadas de velar por la integridad de las mujeres, se aboquen a atender esta pandemia invisible y romper con el incómodo silencio por temor a represalias, miedo a ser juzgadas, incomprendidas o mal interpretadas.


Al hacer una reflexión al respeto, es importante visibilizar a aquellos menores de edad víctimas de violación que no tienen una voz que les represente en manifestaciones públicas ya que reviste de suma importancia resguardar a la niñez y adolescencia del país. La gran mayoría de agresiones tienen un antecedente propio del hogar, dentro de un contexto de creciente aumento de la violencia sexual cuyas víctimas son menores de edad y mujeres que tendrán que vivir lidiando con la agresión en su contra.


Parece oportuno mencionar que es innegable que a pasar de que los medios de comunicación dan énfasis y especial relevancia a los casos de mujeres extranjeras, es importante también visibilizar que el problema es predominantemente cometido contra personas nacionales; de la información revisada se desprende que los ofensores sexuales por lo general tiene acceso a las víctimas por la relación de confianza que existe entre ambas partes, sea directamente con la víctima o con la familia de ésta, como es el caso de familiares (tíos, primos, abuelos, padrastros y padres biológicos, entre otros) o figuras de autoridad tales como profesores, sacerdotes, entrenadores deportivos, entre otros. Esta cercanía entre víctima y victimario es consecuente con el hecho de que más del 80% de los hechos se comenten sin que medie el uso de un arma blanca o de fuego, sino solamente la intimidación o incluso la fuerza física que da la superioridad corporal.


Manifestaciones visibles de una víctima de abuso sexual


La situación descrita plantea nuevamente el reto de volver la mirada hacia adentro, hacia la familia y las formas de relacionarnos y socializar; es necesario prestar atención a las manifestaciones de incomodidad de las personas menores de edad ante ciertas personas que aunque sean “conocidos de toda la vida”, podrían estar comportándose inadecuadamente sin que sea posible para sus víctimas hacerlo notar o denunciarlo por el temor a las amenazas de muerte o de lastimar a sus seres queridos (una de las amenazas más utilizadas por los ofensores según se lee en las narraciones de hechos).


Otros signos a los que se deben prestar atención en las personas menores de edad, son por ejemplo la dificultad para caminar o sentarse, enfermedades de transmisión sexual o infecciones urinarias frecuentes que resultan inexplicables según su edad, la incapacidad de contener la orina sin causa aparente; la pérdida o aumento de apetito, el llanto sin razón, los cambios de conducta en la casa o la escuela, los comportamientos regresivos como por ejemplo chuparse el dedo o hablar como bebé, el miedo a la oscuridad o a permanecer solo con algún miembro de la familia o persona cercana y de “confianza” al núcleo familiar; además, las conductas seductoras y precoces, conocimientos inadecuados para la edad respecto a las relaciones sexuales, la agresión sexual a otros menores y el aislamiento, son comportamientos que deben ser atendidos cuanto antes, pues se podría estar ante un caso de agresión sexual.


Es importante mencionar que muchas personas que han sido abusadas o violadas por alguien conocido intentan como primer mecanismo de defensa negar el hecho, como una estrategia de minimizar el trauma; en otras víctimas hay presencia de sentimientos de culpa y vergüenza, estas secuelas son devastadoras para el funcionamiento psicológico de la víctima, sobre todo cuando el agresor fue un familiar.



¿Inacción estatal o problema estructural?


A pesar de que es innegable que existe una deuda pendiente por parte de las instituciones estatales en la atención de este tipo de situaciones violentas, inadecuado sería pensar que la responsabilidad es únicamente del Estado. Es inevitable evidenciar que los procesos de socialización primaria están siendo insuficientes cuando topamos con familias que no logran transmitir e interiorizar los valores del respeto, la empatía y la confianza; pues lideran sus prioridades hacia otro tipo de comportamientos que impiden generar esos espacios de confianza que debería ser proveídos por el núcleo familiar cercano.


Instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), han creado campañas de comunicación en medios masivos, en las cuales se aborda el tema del abuso infantil y diferentes formas de prevenirlo, esto como un esfuerzo consciente ante una situación que se vive diariamente; sin embargo, no es suficiente.


Resulta imperativo que las personas menores de edad conozcan el nombre correcto de los genitales, que reconozcan que nadie tiene derecho a tocar sus partes íntimas, que no debe haber secretos y que no deben ser obligados a repartir besos y abrazos a personas que ellos no quieran, pues a pesar de que sean personas conocidas de sus padres, no tienen ninguna obligación de realizar actos que los comprometan o los hagan sentir incómodos.


Es absolutamente necesario que las personas adultas entendamos que no debemos perpetuar el afecto forzado, no debemos exponer a nuestros menores a situaciones comprometedoras, debemos derribar mitos y trascender tabúes para poder hablar con claridad y enseñarles que no deben sentirse intimidados ante amenazas de agresión o muerte si cuentan alguna situación que les parezca desagradable a una persona de confianza. Los menores deben sentirse en plena libertad de no aceptar caricias, abrazos, besos o cosquillas de otras personas, pero, sobre todo, como adultos responsables debemos generar ambientes propicios de confianza y seguridad para que encuentren refugio y acompañamiento en caso de experimentar una situación desagradable como esta.



Detengamos esta pandemia silenciosa



Uno de los principales pasos que debemos asumir como sociedad para poder frenar esta pandemia silenciosa de abusos y violaciones sexuales es activar los mecanismos de denuncia; es conocido por quienes estudian estos temas, que la cifra oculta es el principal fomento de la impunidad; en Estados Unidos se estima que sólo el 9% de los violadores son procesados judicialmente y de ellos únicamente el 3% descuenta una pena en cárcel, es decir, que el 97% de los violadores queda libre y sus delitos impunes, dándoles posibilidad de reincidir y atentar contra más personas inocentes.


En Costa Rica no hay datos exactos con respecto a la cifra oculta de estos delitos, pero se conoce que existe y que se requieren esfuerzos significativos para poder disminuirla. Con el afán de contribuir a que estos aberrantes comportamientos de abuso sexual sean detenidos, se han creado diferentes canales de comunicación para que la ciudadanía acceda a ellos y denuncie, entre esos la línea telefónica gratuita 1147 la cual es atendida por profesionales en psicología y en la cual se pueden abordar diferentes temas entre ellos los relacionados con sexualidad, abuso y violencia.


En el país se puede utilizar también la línea telefónica 911, en la que se puede solicitar auxilio inmediato de cuerpos de socorro como Cruz Roja o incluso la intervención de la policía. Adicionalmente, el OIJ pone a disposición de la ciudadanía y de manera gratuita la línea confidencial 800-8000-645, la cual da soporte las 24 horas del día los 365 días del año y garantiza que toda información brindada será investigada de manera confidencial, a fin de detener a las personas que han perpetrado los hechos y presentar la evidencia suficiente para que el proceso judicial concluya de manera exitosa, sacando de circulación a la mayor cantidad de ofensores sexuales que operan en el país.


Puede que las herramientas de denuncia aún resulten insuficientes y que las acciones del Estado aún puedan ser calificadas por algunos como insuficiente ante estos temas, sin embargo, la responsabilidad es compartida y las instituciones estatales requieren de la activación por medio de la denuncia de estos hechos, por lo que a nivel individual y familiar debemos asumir esta importante labor de denuncia para poder entre todos hacer visible un problema que hemos arrastrado históricamente y poner freno de una vez por todas a la impunidad y la reincidencia criminal.


En el Organismo de Investigación Judicial se trabaja para detener a las personas responsables de los hechos y se cuenta con una Sección especializada en la atención de delitos de género y contra la integridad física, capacitada para atender este tipo de hechos de una manera profesional y científica, pero se requiere del involucramiento de la ciudadanía para poder acabar con estos comportamientos violentos y abusivos.

¡Si usted está ante una situación de agresión sexual o conoce a alguien que pueda estar siendo víctima en este momento, le invito a denunciar hoy, estoy segura que será una acción valiente de la que nunca se arrepentirá; ayudemos a manifestar y darle voz a esta pandemia!

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