- Juan Pablo Alvarado García
Fuga de la Reforma: antecedente importante en la Unidad de Vigilancia y Seguimiento
El país vive actualmente una crisis de inseguridad causada por el accionar de la delincuencia común y el crimen organizado que repercute de manera importante en el desarrollo de nuestra sociedad; por esta razón los servicios de vigilancia y seguimiento son uno de los pilares fundamentales del trabajo de investigación, es una de sus mayores fuentes de información y obtención de pruebas, siendo una de las tareas más especializadas y profesionales.
Como parte de brindar un soporte operacional a las investigaciones criminales, el 16 enero del 2006, se creó la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyo objetivo se centra en la recopilación de información a través de observaciones encubiertas, mediante actividades técnico-operativas de vigilancia y seguimiento.
Esta Unidad brinda un apoyo a solicitud de las diferentes oficinas policiales del OIJ a lo largo y ancho del país. Mediante el uso de diferentes técnicas de inteligencia que son de utilidad para desarticular organizaciones criminales involucradas en homicidios, tráfico nacional e internacional de drogas, secuestros, entre otros delitos.
Para Jonathan Goñi Chaves, jefe de UVISE: “En un contexto que se caracteriza por una tendencia al aumento de la criminalidad a nivel global, la policía ha debido adaptarse y buscar modelos y estrategias orientados a hacer más eficiente y eficaz su labor; es imprescindible conocer y perfeccionar las diferentes técnicas que nos permiten ver sin ser vistos, y mantenernos en el entorno de los delincuentes, recopilando información sin ser detectados”.
La vigilancia y seguimiento es una herramienta más, no la única, que debe acompañar el procedimiento operativo de una investigación, y antes de realizarse se deben planificar bien las cosas.
La figura de un investigador encubierto viene indudablemente ligada a su labor de seguir y observar sospechosos. Esta parte de su trabajo resulta fundamental en la mayoría de los casos de investigación, por lo que conlleva una amplia y minuciosa preparación que se inicia mucho antes de realizar el trabajo.
Si bien, las actividades que se realizan en función de su labor, implican ciertas condiciones especiales, es de importancia revisar las técnicas de investigación que se van a utilizar con el fin de delimitar las acciones sin afectar la eficacia de la misma, ni los derechos fundamentales de los individuos, por esta razón el Código Procesal Penal de Costa Rica y la Ley Orgánica del OIJ respaldan las diferentes diligencias efectuadas durante una investigación.
Según la Ley Orgánica del OIJ en el artículo 8 se señala:
“El Organismo practicará todas las investigaciones y diligencias que juzgue oportunas para la comprobación del delito e identificación del delincuente, observando las normas de la instrucción”, es por ello que para las investigaciones los agentes utilizan diferentes herramientas como los seguimientos, vigilancias, monitoreo entre otros, dependiendo del método y el enfoque que se vaya a dar a la investigación.
Y es que, en algunas ocasiones las personas detenidas por diferentes delitos han interpuesto denuncias y recursos de amparo en contra de las diligencias policiales, sobre todo cuando se trata de recursos audiovisuales que se han realizado para evidenciar la comisión del delito. La Sala Constitucional ya ha girado jurisprudencia en estos casos, un ejemplo es la resolución N° 2021-00490, que indica que: “la policía judicial puede actuar de oficio; sin que la dirección funcional del Ministerio Público constituya un requisito sine qua non para el inicio, progreso o conclusión de sus investigaciones. Siempre y cuando, se ajuste a los requerimientos del ordenamiento jurídico, en atención al principio de legalidad, y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, así mismo el OIJ, tiene asignadas las siguientes obligaciones legales: investigar los delitos de acción pública; impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; identificar y aprender preventivamente a los presuntos culpables, y; reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación. Lo anterior, procede “…por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente…””
Por otro lado, en el libro "Investigación Criminal" del profesor en criminología de la Universidad Estatal de Wichita, Michael Palmiotto, "la clave de esta operación (vigilancia) es el secreto, es el hombre policía quien se halla enfrentado al hombre criminal. Intervienen entonces todos los elementos del acercamiento, de contacto, de descubrimiento de la personalidad que responden a un sentido particular: El del “arte” de investigar”.
Las investigaciones criminales van más allá de la discreción, ya que requieren contar con diferentes recursos tecnológicos, además, de destrezas necesarias para tener una alta capacidad de reacción que permita incluso adelantarse a las circunstancias que se pueden presentar durante una vigilancia.
Esto significa que, aunque la tecnología facilite el rastreo mediante el cual se obtiene gran cantidad de información, en un buen número de casos, esta debe ser completada con labores de seguimiento por parte del investigador.
Por esta razón, las operaciones encubiertas exigen un gran sacrificio, preparación y vocación para poder llevarse a cabo. La idoneidad física y mental es básica para un exitoso desempeño; los reflejos, la paciencia, la voluntad, la improvisación, la adaptación, la discreción, tener nervios de acero, vencer al cansancio, la fatiga y las condiciones climatológicas adversas, durante largas y solitarias jornadas es primordial para el personal de UVISE.
Ocho reos se escapan de La Reforma
En el 1992, un hombre, oriundo del cantón de Siquirres en Limón, comenzó a ser conocido por la policía judicial por el delito de robo agravado; fue once años después que el Organismo de Investigación Judicial pudo dar con Johel Guillermo Araya Ramírez, quien en su momento fue catalogado como un sujeto rebelde.
Sentenciado a una pena de cuatro años de cárcel por el delito mencionado, pena interpuesta por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial; anteriormente las autoridades lo trataron de juzgar en noviembre de 1993, agosto del 2000 y diciembre del 2004, pero nunca se presentó a los tribunales.
También, se le relacionaba con un secuestro extorsivo, este hecho se dio a principios del 2006 cuando varios sujetos retuvieron a la fuerza y durante más de una semana a la esposa y a un empleado, de un comerciante quien se dedicaba al transporte internacional de carga terrestre. En aquel entonces trascendió que se realizó un pago por ₡60 millones de colones.
La madrugada del lunes 09 de octubre del 2006, Araya apenas cumplía tres meses de estar recluido en el Centro Penitenciario La Reforma, cuando lideró una violenta fuga junto con siete presos más.
Los prófugos arrancaron una ventana de hierro de un dormitorio, se enfrentaron a balazos a los vigilantes, dejando el saldo de uno de los custodios de la prisión fallecido, además, tomaron a cuatro vigilantes como rehenes.
Salieron caminando por el portón principal y en la calle de acceso al penal abordaron un vehículo doble tracción que los llevó hasta La Guácima de Alajuela, donde dejaron a los rehenes. Luego siguieron con rumbo a Ciruelas, donde se les perdió el rastro.
Según recuerda Omar Brenes Campos, exagente de UVISE y actual jefe a.i. de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), “Johel era de la Zona Atlántica por lo que se manejaba la hipótesis de que se podía esconder en ese lugar, además, se recibió información confidencial que él junto con otras personas se encontraban en Guácimo, por lo que se iniciaron trabajos de inteligencia, se procedió a realizar vigilancias y en un momento determinado se detectó la presencia de los fugitivos en una casa por lo que se coordinó con el grupo táctico (SPII – actualmente SERT) para que realizaran el ingreso a la vivienda en horas de la madrugada”.
Tras la sorpresiva acción policial y un intercambio de disparos entre los oficiales y los delincuentes murió el fugitivo nicaragüense Freddy García de 35 años de edad; también resultaron heridos Johel Araya y Alberto Martínez.
“Como parte del trabajo realizado por UVISE durante la operación se contó con la participación de la Unidad Especial de Intervención (UEI) - cuerpo policial especializado en operaciones de alto riesgo del Ministerio de la Presidencia – se realizó una vigilancia en otro punto de Guápiles donde se pudo constatar que una vivienda había servido como el lugar donde Johel y varios cómplices habían mantenido secuestrados a una mujer y a un hombre”, agregó Brenes.
Tras su captura, el 29 de octubre del 2006 en Limón, Araya volvió a La Reforma, esta vez al ámbito de Máxima Seguridad y recibió una nueva condena de 65 años por fugarse y provocar el homicidio de un guarda del centro penal.
El 11 de mayo del 2011 lideró junto con ocho reclusos más un intento de fuga de la cárcel, pero fracasó dejando como resultado dejó un policía y dos reos fallecidos. Once días después de ese intento, Johel fue encontrado sin vida en su celda.
Este caso fue de gran importancia para Unidad de Seguimiento, ya que gracias a varias de sus labores se logró dar con la ubicación de estos sujetos quienes eran considerados como peligrosos y pretendían continuar con sus actividades delictivas.
Bibliografía
1. Vigara, J. (2017). Manual de Criminalística para la Policía Judicial. Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior de España.
2. Urrego E., Solano J., Muñoz J., Valencia J., Pérez J., Delgado S. (2018) Introducción del Desarrollo Científico en la Investigación Criminal. Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional.